MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN, POLÍTICAS DEFENSA JURÍDICA Y MEJORA NORMATIVA

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG se define como un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, según dispone el Decreto 1499 de 2017[1]. Es una herramienta que simplifica e integra los sistemas de desarrollo administrativo y gestión de la calidad y los articula con el sistema de control interno, para hacer los procesos de la entidad más sencillos y eficientes.

El MIPG opera a través del lineamiento de 18 políticas de Gestión y Desempeño Institucional[2], entre las que se encuentran: 12. Defensa Jurídica y 13. Mejora Normativa, categorizadas en la dimensión 3ª en el marco de transparencia y valores del servicio público (Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia y Justicia).

Lineamientos de la Política de Defensa Jurídica

El propósito de esta política es dar solución a los problemas administrativos que generan litigiosidad e implica el uso de recursos públicos para reducir los eventos generadores del daño antijurídico. Asimismo, permite el “uso consciente y sistemático de los recursos públicos a través de decisiones legales, administrativas, regulatorias y sobre prioridades de gasto específico que se pretende solucionar”.

Esta política opera con fundamento en el Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho; con el liderazgo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. El cumplimiento de sus objetivos, tiene como soportes las herramientas e instrumentos de la Política de Defensa Jurídica: i) Liquidación de Intereses Crédito Judicial, ii) Cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales: Resolución No. 353 de 2016, por la cual se adopta una metodología del cálculo de la provisión contable, y la herramienta provisión contable.

Lineamientos de la Política de Mejora Normativa.

La política de Mejora Normativa tiene como objetivo promover el uso de herramientas y buenas prácticas regulatorias, a fin de lograr que las normas expedidas por la Rama Ejecutiva del Poder Público, en los órdenes nacional y territorial, revistan los parámetros de calidad técnica y jurídica y resulten eficaces, eficientes, transparentes, coherentes y simples, en aras de fortalecer la seguridad jurídica y un marco regulatorio y reglamentario que facilite el emprendimiento, la competencia, la productividad, el desarrollo económico y el bienestar social.

Esta política sienta sus bases en el Documento CONPES 3816 de 2014: Mejora Normativa: Análisis de Impacto, cuyo objetivo es generar las capacidades en el uso de las herramientas de la política. Posteriormente, la política se incluyó en el Plan Decenal del Sistema de Justicia 2017-2027 y en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad; específicamente, en el Pacto de Emprendimiento, línea de “Estado Simple: menos trámites, regulación clara y más competencia”.

En consideración a que estas políticas requieren de la participación de los diversos actores de la gestión institucional que involucra aspectos jurídicos y normativos de la Entidad, se invita al autocontrol, como uno de los fundamentos del Modelo Estándar de Control Interno, que busca que los servidores públicos y contratistas, tengamos la capacidad de detectar las desviaciones de nuestro quehacer diario y tomar por iniciativa propia, los correctivos necesarios para lograr el cumplimiento de los objetivos de la Entidad, lo que nos lleva a contribuir al logro de una mejor Administración Pública.[3]

Fuente del boletín: https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg